El Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante) ha oficializado lo que muchos otros sufren en silencio, que apenas tiene para pagar las nóminas, que es la prioridad del Consistorio. El concejal de Hacienda, Francisco Pérez Melero, ha anunciado que el Ayuntamiento alicantino deja de pagar a los proveedores del ejercicio corriente hasta que haya liquidez suficiente. No pone fecha.
El Consistorio sigue así la recomendación de la tesoreramunicipal, que aconsejaba en un informe "suspender los pagos a proveedores, excepto aquellos que la legislación considera prioritarios, en concreto los gastos de personal, los pendientes de ejercicios anteriores y los correspondientes a intereses y préstamos bancarios. Y, en todo caso, reanudar el pago de facturas en función de la mejoría de los ingresos".Según este informe , la caja municipal apenas contaba a 30 de septiembre con 286.847 euros disponibles, frente a unas facturas pendientes de pago que ascienden a 11,2 millones, y la tesorera advierte de que "esta situación está provocando no sólo la imposibilidad de atender con regularidad el pago a los proveedores, sino que podría dificultar que en un futur puedan atenderse correctamente los gastos de personal (retribuciones líquidas, seguridad social, anticipos...)".
En cuanto a las causas de esta situación, más allá de la gestión de equipo deGobierno municipal -el PP se hizo con la alcaldía en diciembre de 2008 mediante unamoción de censura con la ayuda de un tránsfuga-, son similares a la que sufren otros municipios, sobre todo los que han tenido un gran desarrollo urbanístico. Según la tesorera, "nos encontramos en una situación de auténtico desplome de los ingresos, especialmente los relacionados con el urbanismo".
En el caso deVillajoyosa, a la caída de la construcción se une el cierre del Casino, que se ha trasladado a Alicante, cuya licencia dejaba alrededor de 600.000 euros de ingresos anuales.
El concejal de Hacienda confía en los tres millones que se recaudarán con el último plazo del IBI, ya pasados al cobro por la agencia SUMA (Diputación de Alicante), pero, según la oposición, este dinero no llegará hasta enero y servirá a duras penas para pagar las nóminasde loquerestadeaño.
Entre los pagos corrientes que se mantendrán podría estar el de la contrata de basuras, para que pueda pagar a sus trabajadores.
No será el únicoEl de Villajoyosa es el resultado de una grave crisis ya anunciada. Como adelantóelEconomista, el pinchazo del ladrillo y una mala gestión han dejado a los pueblos españoles en ruina. Según los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el 30 por ciento de los ayuntamientos podrían ir este año a la quiebra.
No tienen un duro y al menos 400 consistorios de los 8.112 que hay registrados hace mucho que dejaron de pagar el agua, la luz... ahora toca el turno de los proveedores. Y lo que es más preocupante, como reconoce el alcalde de L´Alcúdia (Valencia), Roberto Martínez,en muchos casos se trata de empresas del propio pueblo.
"Sólo faltaba que cerraran por culpa del Ayuntamiento", dice preocupado. Su única alternativa, recurrir al ICO, también se ha caído. Las entidades locales han dejado de recaudar unos 20.000 millones de euros por la crisis del ladrillo.
En los años de bonanza, la financiación pública a través de la actividad inmobiliaria alcanzó en 2006 los 43.000 millones de euros. La cifra prevista para 2010 se reduce a 19.980. Lo dicen sin tapujos, si fueran empresas, los ayuntamientos cerrarían.
Crónicas de municipios sin blanca
Crónicas de un pueblo... de pueblos en crisis; de pueblos que no pueden pagar las nóminas a sus funcionarios, que se ven obligados a reciclar las bolsas de basura, que han cerrado la escuela de música o que apagan cada noche el alumbrado público para no gastar el dinero que ya hace tiempo que no tienen.
O lo que es peor, que lo deben. Crónicas de pueblos a oscuras... por una mala gestión o por la crisis económica generalizada que se vive en nuestro país.
Éste podría ser el titular de la situación que atraviesan los ayuntamientos de muchos municipios de España que, sólo por la burbuja del ladrillo, han dejado de recaudar unos 20.000 millones de euros al año. Como ya adelantó este periódico, el 30 por ciento de los ayuntamientos irá este año a la quiebra. Y no es sólo una teoría.
Parón inmobiliarioLa crisis pesa. Además del parón en el ladrillo y un exceso de gasto en los años de bonanza, también el Presupuesto General del Estado se ha reducido.
En Mataró (Barcelona), según denuncia la consejera de servicios centrales del Ayuntamiento, Montserrat López, esta bajada ha sido del 22 por ciento. La merma de ingresos ha obligado a establecer prioridades. "Hemos elaborado una lista con los temas que consideramos más urgentes", explica López.
Se han congelado gastos como el de la limpieza de grafitis, se controla el agua que se usa para limpiar las calles e incluso se han retirado o reducido las subvenciones a entidades locales. Agua, luz, llamadas de teléfono... todo está en el punto de mira con un solo objetivo: seguir pagando las nóminas y mantener el nivel de empleo en el municipio, "por lo que no hemos subido los impuestos", aclara la consejera.
Muy cerca, en el municipio barcelonés de Vilanova i la Geltrú, la reducción de ingresos por parte del Estado ha sido del 18 por ciento, lo que ha llevado al municipio a elaborar un plan de ajuste en cuanto a gasto corriente.
La concesión de licencias para la construcción de viviendas se ha reducido una tercera parte."Actualmente éste ya no es uno de los ingresos más representativos del municipio", explica el alcalde Joan Ignasi Elena. Al igual que en el municipio de Mataró, se han congelado proyectos como la mejora de servicios de autobuses y ayudas a entidades locales.
Con la música a otra parteTambién en L'Alcúdia (Valencia), sufren las consecuencias de la caída inmobiliaria. Las matemáticas no fallan: a menos construcción, menos recaudación de impuestos. Según su alcalde, Roberto Martínez, "no es fácil reajustar el presupuesto", sobre todo el gravamen por construcción, el segundo más importante, que apenas llega a un tercio de la media de los últimos años.
En su caso, además de esta caída de la recaudación se suman las deudas de la Generalitat, "que cada vez retrasa más sus transferencias". Martínez pone un ejemplo muy significativo.
"El Ministerio de Educación ofreció una subvención para construir escuelas infantiles igual a la que pusiera cada comunidad autónoma, pero nuestra Generalitat renunció a poner un euro y lo adelantamos nosotros", denuncia el responsable municipal, que reclama ahora el dinero. Nada menos que 632.000 euros "que llevamos esperando desde hace un año", denuncia el alcalde, al que se le acumulan otros problemas sobre la mesa como el pago a los proveedores, muchos de ellos empresas del pueblo. "Sólo faltaba que cerraran por culpa del Ayuntamiento", dice con preocupación.
Lo que sí ha hecho es reducir la plantilla, además de intentar salvar la escuela de música. El Centro Profesional de L'Alcúdia es uno de los grandes de la región (hay 525 sociedades musicales y un total de 60.000 alumnos). Sólo en L'Alcúdia hay cerca de 400. El recorte del Gobierno les ha quitado 25.000 euros, lo que les ha obligado a tomar medidas.
"Hemos subido las tasas un 3 por ciento, lo que ya ha provocado algunas bajas de alumnos, y hemos congelado los sueldos", aunque no duda de que otros centros, menos afortunados, tengan que cerrar, se queja el alcalde.
En Carcaixent (Valencia), la culpa es de todos, pero nadie tiene la culpa. El Ayuntamiento jura y perjura que sí paga las nóminas, pero los trabajadores de la limpieza llevan meses cobrando con retraso porque su empresa, una subcontrata, también jura y perjura que el alcalde no les paga. Y mientras tanto, las calles sin barrer.
El sindicato UGT se ha puesto en acción y amenaza con ir a la huelga. "Si esto sigue así en septiembre, habrá paros. Entendemos que las empresas lo estén pasando mal si la Corporación no les paga, pero peor lo pasan los trabajadores que tienen una familia y una hipoteca y llevan ya más de dos meses sin cobrar la nómina".
La crisis se nota, se ve y, lo que es peor, duele. En muchos ayuntamientos se está extendiendo el miedo a un otoño de pobreza.
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